El asalto de la frontera en Ceuta; inmigración irregular e Iglesia

La doctrina social de la Iglesia intenta mantener dos principios que deben sostenerse al mismo tiempo, sin absolutizar ninguno:

1. La dignidad de toda persona humana, también la del migrante.
2. El bien común y el derecho de los Estados a proteger sus fronteras y ordenar los flujos migratorios.

No enseña que un Estado deba abrir sus fronteras sin límites, ni tampoco que pueda desentenderse de quien huye de una necesidad grave.

Estos son algunos principios fundamentales:

1. Un Estado tiene derecho y deber de controlar sus fronteras

El CIC (n. 2241) afirma que las autoridades políticas, en atención al bien común, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Es decir, la Iglesia reconoce que los Estados tienen legitimidad para regular la entrada y permanencia de extranjeros.

Eso incluye:

• exigir documentación;
• controlar las fronteras;
• impedir entradas ilegales;
• expulsar, conforme al derecho y respetando la dignidad humana, a quienes no tengan derecho a permanecer.

2. No existe un derecho absoluto a entrar en cualquier país

La Iglesia distingue entre:

• el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida;
• y el derecho soberano de cada nación a decidir, por el bien común, quién puede entrar.

No enseña que toda persona tenga un derecho incondicional a establecerse donde desee.

3. El bien común incluye la seguridad y la estabilidad social

La doctrina social entiende que el bien común comprende, entre otros:

• la seguridad ciudadana;
• el orden público;
• la paz social;
• la protección de los trabajadores;
• la capacidad real de integración;
• la sostenibilidad de los servicios públicos.

Si una llegada masiva supera la capacidad de integración o pone en riesgo alguno de estos bienes, el Estado puede adoptar medidas proporcionadas para limitarla.

4. La acogida debe ser prudente y ordenada

La Iglesia habla de hospitalidad, pero también de prudencia.

Acoger no significa renunciar al orden jurídico. Una inmigración ordenada permite:

• identificar a las personas;
• distinguir refugiados de migrantes económicos;
• combatir las mafias de tráfico de personas;
• proteger tanto a la población local como a los propios migrantes.

5. Los inmigrantes también tienen deberes

El mismo Catecismo recuerda que quien es acogido debe:

• respetar las leyes del país;
• respetar su patrimonio cultural;
• colaborar con el bien común;
• cumplir las obligaciones cívicas.

La doctrina social habla siempre de derechos y deberes recíprocos.

6. La ayuda debe comenzar, cuando sea posible, en el país de origen

La Iglesia insiste en que la solución más justa no consiste únicamente en recibir migrantes, sino en promover:

• el desarrollo de los países de origen;
• la paz;
• la lucha contra la corrupción;
• la protección frente a guerras y persecuciones.

Así se reduce la necesidad de emigrar.

Sobre las entradas masivas e irregulares

Cuando se producen llegadas multitudinarias e irregulares, la doctrina social no dice simplemente «hay que admitir a todos» ni «hay que rechazarlos a todos».

Pide discernir caso por caso, teniendo presentes:

• la dignidad de cada persona;
• el derecho internacional;
• la protección de quienes realmente necesitan asilo;
• el derecho del Estado a mantener el orden;
• la seguridad nacional;
• la capacidad efectiva de acogida;
• el bien común de toda la sociedad.

Síntesis

La posición de la Iglesia puede resumirse así:

• ✔ Defender la dignidad de todo migrante.
• ✔ Combatir el tráfico ilegal de personas.
• ✔ Reconocer el derecho de los Estados a controlar sus fronteras.
• ✔ Proteger la seguridad y el bien común.
• ✔ Respetar el derecho internacional.
• ✔ Favorecer una inmigración legal, ordenada e integradora.
• ✔ Ayudar a resolver las causas que obligan a emigrar.

En consecuencia, la doctrina social de la Iglesia no identifica la caridad con la eliminación de las fronteras ni considera inmoral que un Estado regule o limite la inmigración irregular cuando lo hace conforme a la justicia, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad de las personas. Del mismo modo, rechaza tanto la indiferencia hacia quien sufre como las políticas que vulneren los derechos fundamentales de los migrantes.